A los estudiantes del 4º Sociales

En la clase anterior compartimos el video sobre la dictadura militar en la provincia de La Pampa (http://bit.ly/1onYAPD), a continuación presento un breve resumen acerca de lo desarrollado en el video producido por la Secretaía de Derechos Humanos:

El 24 de Marzo de 1976 se inicia una nueva etapa en el país, la del Terrorismo de Estado, conocido también con el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”, el día en que el gobierno de la vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, la Señora María Estela Martínez de Perón fue depuesta de su cargo, se ocuparon edificios públicos en todo el país, en particular las sedes del Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, y los sindicatos.
El Terrorismo de Estado, o El Estado Terrorista, fue un plan sistemático de represión a opositores al gobierno militar, esto es, una estrategia organizada que sin embargo no alcanzó la dimensión de un genocidio, pues no hubo una cuestión de raza o etnia.
En la provincia de La Pampa, al igual que en resto del país, el gobernador de la provincia Aquiles José Regazzoli, fue desplazado del cargo y en su lugar asumió un interventor militar, el coronel Iriart, que recibió la orden de dirigir la Subzona 1.4, que coincidía con los límites del territorio provincial.
Entre 1975 y 1983, según el documental, se registraron 300 detenidos políticos, secuestrados y torturados dentro del ámbito de la Subzona 1.4, aunque no se conocen casos de desapariciones forzadas de personas, a diferencia de lo que ocurrió en el resto del país, según los organismos de derechos humanos, la cifra total de desaparición forzada de personas alcanza el número de 30.000, mientras que el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) registró 7.954 casos.
La división de las tareas de Represión en la provincia de La Pampa: La actividad represiva se dividió por áreas, en las que intervino personal de la Policía de la Provincia, bajo asistencia de oficiales del Ejército que revistaban en las unidades con asiento en la provincia como la ubicada en la ciudad de Toay. Dichas áreas operativas se denominaban: Jefatura, dirigida por oficiales del Ejército, Inteligencia, desempeñada por el Secretario General de la Gobernación, que también integraba las filas del Ejército, Policía, también bajo control militar, y los Grupos Operativos, compuestos por personal policial. Estos últimos a su vez se subdividían en Grupos de Trabajo, Jefatura de Operaciones y Jefatura de Informaciones.
Metodología de la Represión: En todo el país, los Centros Clandestinos de Detención (CCD) fueron permanentes o bien transitorios, mientras que los primeros eran verdaderos campos de concentración, como el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires (actual Museo de la Memoria), y en la Provincia de la Pampa, la sede de la Comisaría primera de Santa Rosa, y la sede policial homónima de la ciudad de General Pico; en el caso de los CCD transitorios (lugares donde se practicaban los interrogatorios seguidos de tormentos) se registran los del Puesto Caminero de la localidad de Jacinto Aráuz y la comisaría de Catriló.
Producida la restauración democrática el 10 de Diciembre de 1983 el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín ordena la investigación de las desapariciones ocurridas, cuyo resultado es el informe elaborado por la CONADEP también conocido con el nombre de Nunca Más, que permitió elaborar la acusación de la Fiscalía ante la Cámara Federal que juzgó y condenó a las cúpulas militares del período 1976-1983. Mientras tanto en La Pampa, el 20 de Diciembre de 1983, el gobernador Rubén Marín, ordenó la elaboración de un sumario administrativo, y la reunión de la documentación, que posteriormente se elevó al Superior Tribunal de Justicia, que permitió el procesamiento y la prisión preventiva del personal policial que participó de la represión entre 1976 y 1983. Sin embargo, un tribunal militar se declaró competente, y mediante el recurso a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, todos los acusados fueron excarcelados.
Con la derogación de dichas leyes en 2003, la causa judicial “Primer Cuerpo de Ejército” que se tramitara en la ciudad de Buenos Aires, por tener allí la sede dicha unidad militar, fue elevada al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, hasta que en 2010 se inició el juicio oral y público, que contó también con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos provincial que brindó asistencia legal y acompañamiento a las víctimas y sus familiares.
Finalmente, los acusados, militares y policías, fueron condenados a penas de ocho a veinte años de prisión efectiva por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravado por la duración y por la aplicación de tormentos psíquicos y físicos.

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